Te he buscado donde quiera que yo voy
Y no te he podido hallar […]
Y tú
Quien sabe por dónde andarás
Quien sabe qué aventura tendrás
Que lejos estás
¡De mi…!
¡De mi…!
¡De mi…!
Este es el bolero que al cumplirse el primer aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las Farc-Ep, le está cantando Timochenco a Santos. Es el símil romántico, que a pesar del profundo dolor del amante excluido del corazón del amado, es menos grave que la realidad colombiana: un Estado de perfidia, de mafias, de corrupción y de ilegitimidad.
Durante los meses de octubre y noviembre del año que está por terminar una parte de la opinión pública quedó estupefacta al ver las maniobras realizadas por el Congreso de la República para volver cenizas los acuerdos de paz: la engavetada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz –Jep– por parte del presidente de la Cámara, las 7 sesiones del Senado donde no hubo quórum para aprobar el articulado por la desbandada de sus miembros, las cuatrocientas proposiciones para quemar tiempo, las pancartas y avisos del Centro Democrático, los gritos del dueño de este partido contra los integrantes de las barras. Pero más estupefacta quedó esa opinión después del alegrón que tuvo por el fallo unánime de la Corte Constitucional, que supuestamente le daba vía libre a la Jep. Entonces, los más conscientes de ese segmento de la opinión pública sintieron que les hervía la sangre, se irritaron, renegaron, maldijeron, se golpearon la cabeza contra las paredes y le lanzaron zapatazos al televisor donde veían las noticias con las que quedaba en evidencia que las cúpulas de los poderes se habían amangualado para burlarse de la manera más grosera e infame, no solo de quienes habían firmado los acuerdos de paz sino de los ciudadanos comunes y mortales.
¿Cómo comprender la trama?
Para entender el engaño es preciso ir al principio. Colombia ha estado gobernada desde el primer día de su independencia, por un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. El verbo más arraigado en el alma de las élites que han gobernando es excluir: de la tenencia de la tierra, de la educación, del trabajo, de la cultura, de la vivienda, de la participación política, del ingreso nacional y de todos los derechos fundamentales. Si las clases populares y medias reclaman sus derechos legítimos, viene el segundo verbo: reprimir. Se les judicializa, encarcela y tortura. Pero si aún levantan su voz, se les extermina para siempre. Así, se han borrado de la faz de la tierra todas las disidencias, no solo las individuales, sino las colectivas: comunidades y pueblos enteros, sus sueños políticos y culturales han sido exterminados.
Con motivo del proceso de paz con las Farc las élites dominantes se dividieron. El sector más conservadurista y ultramontano se declaró enemigo del proceso de paz desde el principio, y, se fue endureciendo a medida que las negociaciones iban dando resultados positivos, mientras el gobierno mantenía hasta el final un doble discurso. De una parte, el del presidente Santos, que unos días hablaba de paz y otros atizaba el fuego con ardentía, ordenando que se diera de baja a Timochenco y a sus mejores hombres. Y, de otra parte, la de su Ministro de Defensa, que más parecía un mariscal de campo, puesto allí para exterminar hasta el último de los guerrilleros, a quienes calificaba de culebras y ratas.
Esta facción de las élites, excluyente por antonomasia, tan pronto se firmaron los acuerdos se sintió herida de muerte y acentuó su odio contra los disidentes, a quienes ayer los persiguieron y les cerraron todas las vías legales, obligándolos a empuñar las armas para defender sus vidas, familias y bienes, y hoy han tenido el valor de dejarlas, para luchar solo con la fuerza de las palabras. Ese desafecto con el proceso y con los acuerdos de paz de una parte de las élites, ha sido calificado por los medios de comunicación, los partidos políticos y gremios económicos como una “polarización” de la sociedad. Esa apreciación es falsa. No es cierto que en Colombia exista hoy una polarización. Aquí no hay dos bandos que se quieran matar. Lo que sucede es que la facción de las élites desafecta a la paz, a base de mentiras, consejas y falacias —que algunos llaman posverdad o verdad líquida—, radicaliza sus posiciones para dividir la sociedad y obtener réditos políticos.
Esa facción de las élites está poseída de tanta mezquindad, exclusión, odio y ánimo vengativo, como aquella élite que desangró a Colombia entre la segunda y sexta décadas del siglo XX. Esa élite representada ahora en las tres ramas del poder público, en los órganos de control, el régimen electoral, los gremios económicos y los medios de comunicación, ha entorpecido y saboteado el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos suscritos entre el Estado y Farc-Ep, hasta el punto de pretender que los antiguos guerrilleros no vivan, hablen o transiten en los espacios públicos, calles y plazas a los que tenemos derecho todos los hijos de este país. El lenguaje y las actitudes de los voceros de esa élite señalan sin ningún equívoco, que son una amenaza real para la existencia de una sociedad civilizada.
Sin embargo, ante los hechos registrados en las últimas semanas, queda la duda si en verdad las élites se fracturaron debido a las diferentes concepciones sobre el conflicto interno, o, simplemente hubo entre ellas la más perfecta división del trabajo para engañar no solo a la insurgencia sino a toda la población y a la comunidad internacional. En efecto, la Justicia Especial para la Paz, que es el único punto de los acuerdos, nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, ha sido incumplido gracias a la decidida acción de la cúpula de todos los poderes. Esas acciones conjuntas para entorpecer la implementación de los acuerdos permiten concluir que las dos élites querían someter a las Farc-Ep. Las herederas de Laureano Gómez lideradas por Uribe, a plomo físico. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo y otras a punta de muñequeo dialéctico. Así lo reconoció Santos, con gran satisfacción, en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las Farc se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.
La Jep es la esencia de los acuerdos
Pese a que en los dos extremos del espectro político hay posiciones encontradas frente al contenido de los acuerdos de paz, ninguno de los dos tiene la razón. Por una parte, no es verdad que se les haya entregado el país a las Farc, como dice la extrema derecha, ni lo acordado y suscrito por las partes representa un avance sustancial, que desborde el contenido de la Carta Política del 91, ni las intenciones progresistas que la precedieron, como lo pretenden hacer creer los más optimistas, ubicados en la punta contraria. En esencia, todo lo convenido y firmado en Cartagena y en el Teatro Colón ya está escrito y hace parte de la Constitución: la reforma agraria integral, la participación política, la obligación del Estado de reparar las víctimas, las drogas como un problema de salud pública. Todo está ahí. Es decir, no ha sido falta de normas, sino del poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las 310 páginas firmadas por las dos partes: Estado y Farc-Ep. Es el más perfecto estatuto, el más completo tratado de paz. Pero mientras el Estado tiene todos los poderes, incluyendo el de las armas, las Farc-Ep fueron sometidas, desmovilizadas, concentradas en unos potreros sin servicios –hasta en lo más simple el Estado ha incumplido– y desarmadas por su propia voluntad.
Desgraciadamente para el proceso, el reciente fallo de la Corte Constitucional, fue un engaño en el engaño, o una revictimización en la buena fe de los colombianos. Cuatro fueron los puntos que se convirtieron en petardos para acabar con la Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, los particulares que promovieron el paramilitarismo, que apoyaron económicamente las masacres, no están obligados a concurrir a la Jep. Solo pueden llegar a esa justicia de manera voluntaria.
En segundo lugar, la Jep ya no será órgano de cierre definitivo, relacionado con crímenes cometidos en la guerra, como fue el objetivo primordial de los negociadores, con dos propósitos. Por una parte, darle legitimidad al nuevo tribunal, y por la otra, proveerlo del control total de sus determinaciones. La Corte Constitucional no se dejó arrebatar ese trozo de poder y conservó para sí la última palabra, en materia de tutelas, cuando este recurso se presente contra sentencias proferidas por el tribunal de la Justicia Especial de Paz.
En tercer lugar, los conflictos de competencia no serán resueltos por el propio sistema especial, sino por el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. En su origen la Jep había creado dos salas para resolver los incidentes de competencia, conformadas con magistrados de la Corte Constitucional, de la jurisdicción especial o de autoridades indígenas, para resolver los conflictos en los que no estuviera claro cuál era la instancia judicial competente para conocer de algún asunto. La idea inicial era mantener la autonomía e independencia de la justicia ordinaria. La Corte bombardeó este principio de la Jep, y le entregó este instrumento de poder al organismo más señalado de arbitrariedades en la rama judicial.
Finalmente, la Corte Constitucional acabó con la responsabilidad de mando que la Jep había creado. En este tema, la Corte no solo se burló de quienes firmaron los acuerdos y de todos los colombianos, sino de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. En efecto, el presidente de la Corte Constitucional le pidió concepto sobre este delicado asunto a Bensouda, quien fijó sus puntos de vista. Luego de conocer la tesis de la fiscal internacional, la Corte de manera unánime se apartó del concepto que había pedido. Por supuesto, esta actitud de burla extrema abre las puertas para que un día la justicia internacional venga por antiguos guerrilleros, militares o altos funcionarios del Estado a quienes en Colombia se les haya excluido de responsabilidad.
La conducta de la Corte Constitucional le sirvió de inspiración al Congreso de la República, para darle el golpe mortal a la Jep. Efectivamente, el órgano legislativo, después de más de un mes de trabas a la ley estatutaria que debía reglamentar el funcionamiento del tribual especial, creó nuevos requisitos e inhabilidades a los magistrados ya nombrados, así como restricciones adicionales a los exguerrilleros para participar en política. ¡Cómo sería el desmantelamiento de la Jep, que hasta Uribe y el Centro Democrático, que se habían opuesto sistemáticamente al nuevo tribunal, esta vez votaron con entusiasmo!
Delito de perfidia e ilegitimidad del Estado
Tal como han ocurrido los hechos, desde cuando el Estado colombiano comenzó la negociación con las Farc-Ep, hasta las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, el Congreso y los órganos de control, Colombia ha incurrido en el delito de perfidia, consagrado expresamente en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que establece: “Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario recurriendo a la perfidia. Los actos que invitan a la fe de un adversario que le llevan a creer que tiene derecho, o está obligado a conceder la protección en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, con la intención de traicionar esa confianza, constituyen perfidia”[1]. Al respecto de la prohibición de matar, en este año, hasta el 31 de octubre, habían sido asesinados 32 exguerrilleros de las Farc-Ep, sin que el Estado haya hecho nada para contener los agentes oficiales o paramilitares ejecutores de estos crímenes. Se ignora cuál será el tope de antiguos guerrilleros que los asesinos tienen en mente para volver trizas lo único real que queda del proceso: los desmovilizados.
Con todos estos hechos y actitudes el Estado colombiano ha traicionado la confianza, no solo del ejército insurgente Farc-Ep, sino a la comunidad internacional que sirvió de garante del proceso, que entendió que era limpio y de buena fe. El Estado que desde hace más de veinte años se había convertido en un ente ilegítimo, por el alto grado de corrupción, la miseria de un segmento importante de la población y la carencia de soberanía, hoy ha perdido el respeto del mundo[2]. No solo ha incumplido la palaba empeñada con la insurgencia, con la sociedad y la comunidad internacional, sino que ha pisoteado el documento que firmó el jefe de Estado, quien, para hacerlo más creíble ante el mundo, utilizó una pluma incrustada en una bala de los millones que tenía destinadas a asesinar al enemigo interno. ¡Qué respeto, consideración y dignidad merece un Estado que no solo incumple su palabra para engañar a su enemigo, sino que niega y borra el documento firmado!
¡Excelente mensaje para Eln! Esa guerrilla debe estar pensando en exigirle al Estado que de inmediato hagan parte de la mesa de negociación el fiscal, el procurador, el contralor, todas las cortes, el sistema electoral, el congreso en pleno, los gremios económicos y los medios de comunicación. En suma, el establecimiento total, porque el Presidente no es el jefe de Estado, ni el que decide en temas de guerra y paz[3].
[1] Artículo 37 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.
[2] Ballén, Rafael, Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o revolución de la diversidad. Bogotá, Temis, 2ª ed., 2007.
[3] Ballén, Rafael, Los males de la guerra. Colombia 1988-2008, Bogotá, Temis-Universidad Libre, 2010.
*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor de más de dos docenas de libros (ficción y no ficción) y más de ciento cincuenta artículos entre científicos y de divulgación. Exmagistrado y exprocurador delegado ante la Corte y ante el Consejo de Estado.
