Pocas veces en la vida de un país ocurren tantas cosas en una misma semana: acontecimientos políticos, remembranzas, testimonios dolorosos, emociones y llantos, que de una u otra manera zarandearon hasta las fibras más insensibles de todos los colombianos.
Todos los gobiernos mienten. Esa inclinación a la mentira, a la hipocresía, al engaño, no es nueva. Es de la esencia del poder y de la praxis política.
La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayoría de los colombianos, decidió proteger la garantía de no extradición de Jesús Santrich.
Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz —JEP— hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—.
El llamamiento a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia les ha parecido un exabrupto a algunos periodistas, a personas de cierta relevancia en la sociedad y activistas en las redes sociales.
meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo está haciendo en Centro Democrático: “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia.
Durante toda su historia Colombia sólo ha tenido una opción de gobierno: la impuesta por las élites criollas, que desde el primer momento lucharon a muerte, no por la libertad de su pueblo, sino por sus intereses personales. Sus herederos, legítimos o bastardos, han seguido esa línea de conducta: es el orden existente.
rante los meses de octubre y noviembre del año que está por terminar una parte de la opinión pública quedó estupefacta al ver las maniobras realizadas por el Congreso de la República para volver cenizas los acuerdos de paz.